México, D.F.- Derivado de los cuestionables resultados al frente de Pemex Refinación, la bancada priista veracruzana de la Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar la investigación correspondiente a la gestión de Juan Bueno Torio como director del área en la paraestatal, señaló el diputado federal Antonio Benítez Lucho.
En conferencia de prensa indicó que el senador Juan Bueno Torio en varias ocasiones ha sido acusado públicamente por los medios de comunicación del acometimiento de diversos delitos durante su gestión como director de Pemex Refinación, por lo que recomendó a la procuradora Marisela Morales Ibáñez “aprovechar la presencia” de Juan Bueno en la PGR para investigar los delitos que la sociedad le imputa.
De igual manera, subrayó que el senador veracruzano “está descalificado para ser promotor de una demanda”, refiriéndose a la que el legislador promovió ante la PGR en relación al caso de los 25 millones de pesos retenidos al Gobierno de Veracruz, “aun cuando se ha acreditado la licitud de los recursos”, enfatizó el diputado por Cosoleacaque.
Expresó que la asistencia del senador Bueno Torio a las instalaciones de la PGR representa una “gran oportunidad” para que la bancada priista veracruzana exhorte a las autoridades correspondientes a investigar su gestión en el tiempo al frente de la dirección en el área de refinación de Petróleos Mexicanos desde el año 2003 y hasta 2006, periodo en el que los medios de comunicación le han imputado, públicamente, varios delitos.
“Aprovechando la ocasión los diputados veracruzanos le decimos a la Procuradora que aproveche y lo investigue por los delitos que públicamente la sociedad y los medios de comunicación lo han acusado”, concluyó.
Benítez Lucho ofreció una conferencia de prensa con su homólogo Juan Nicolás Callejas Arroyo y todos los legisladores priístas veracruzanos para dar su respaldo a la gestión del gobernador Javier Duarte de Ochoa y pedir a la PGR que devuelva el dinero de los veracruzanos, decomisado y retenidoy cuya acreditación legal fue justificada por las autoridades del gobierno estatal.
